¿Por qué los campesinos de Colombia se quedaron con el 7%?
🇨🇴 Colombia tiene el mejor clima del mundo para el cannabis, décadas de conocimiento agrícola y millones de campesinos que podrían beneficiarse de un mercado legal en expansión. La realidad de 2025: los pequeños productores controlan apenas el 7% del mercado legal. El resto lo capturan multinacionales. Y si un campesino de las zonas PDET intenta pedir un préstamo para entrar al mercado legal, un algoritmo bancario probablemente lo flagea automáticamente como riesgo de financiamiento al terrorismo.
La promesa que no se cumplió
Cuando Colombia reguló el cannabis medicinal en 2016-2017, el discurso era claro: sustituir cultivos ilícitos, incluir a los campesinos de las zonas de conflicto armado. Las zonas PDET — regiones como el Catatumbo, el Putumayo o el Pacífico, priorizadas por los acuerdos de paz — serían el epicentro de la transformación. Fedesarrollo cifra en 7% la participación real de los pequeños productores. Ese número es la autopsia del sistema.
El muro de los costos — y lo que hay detrás
Las barreras de entrada son ya conocidas: una licencia para cultivo psicoactivo cuesta más de 4,1 millones de pesos, con cuotas anuales de monitoreo que superan los 7,3 millones para superficies mayores. A eso se suman laboratorios, infraestructura de seguridad, certificaciones de buenas prácticas y sistemas de trazabilidad. Insalvable sin financiamiento.
Pero aquí está lo que no se cuenta: cuando un campesino de zona PDET va al banco a pedir ese financiamiento, ni siquiera llega al asesor humano. Lo frena antes un algoritmo de risk-scoring.
El algoritmo que decide quién puede cultivar legalmente
Las investigaciones de 2025 revelan que menos del 7% de los pequeños agricultores licenciados en zonas rurales obtiene crédito bancario formal. La causa directa son los sistemas de scoring de riesgo de bancos y fintechs, que utilizan datos de seguridad regional e historial de conflicto armado para generar flags automáticos. Un campesino en el Cauca o Nariño — aunque tenga licencia válida del Invima, aunque esté cumpliendo todos los requisitos del Estado — recibe automáticamente la etiqueta de "Alto Riesgo: posible financiamiento al terrorismo".
El mismo algoritmo evalúa a un Multi-State Operator (MSO) con sede en Bogotá o con capital canadiense: tasa de aprobación crediticia superior al 85%. No porque cultive mejor cannabis. Sino porque su código postal y sus accionistas generan menos "red flags" en la matriz de riesgo.
La Ley 2994 de 2023 sobre inclusión financiera existe sobre el papel. En la práctica, choca contra la "caja negra" de los modelos de crédito — que nadie está obligado a explicar, auditar, ni corregir. El mismo Estado que expide licencias de cannabis en zonas PDET delega en estos algoritmos la decisión de quién puede prosperar con ellas.
El 77% urbano y la geografía de la exclusión
La concentración geográfica lo confirma todo: el 77% de las licencias activas está en centros urbanos con infraestructura desarrollada, lejos de las regiones cultivadoras históricas. Y Canadá — que provee alrededor del 32,4% del capital internacional en el mercado colombiano — no tiene ningún incentivo para presionar por un cambio.
La presión de la OCDE para que Colombia fortalezca sus estándares anticorrupción y antilavado aumenta aún más la rigidez de los algoritmos bancarios. El resultado es perverso: cuanto más exige la OCDE, más conservadores se vuelven los modelos de crédito, y más campesinos quedan fuera.
¿Qué piden los que quedaron afuera?
Las organizaciones campesinas exigen que el debate del cannabis recreativo en 2026 incluya cuotas mínimas de participación para pequeños productores, precios de referencia protegidos, fondos de preinversión para zonas PDET, y — la demanda más urgente — una auditoría pública de los criterios de riesgo que aplican los bancos a los solicitantes del sector. Sin eso, el cannabis recreativo reproducirá exactamente el mismo modelo.
En BesserNews puedes seguir cómo Alemania diseñó la distribución del mercado con cuotas y controles de concentración — el modelo que más cita el lobby campesino colombiano.
Colombia tiene el terreno, el clima y el talento. Lo que le falta es que sus propios algoritmos dejen de tratarlo como enemigo.
